La caza genera más de 10.000 millones de euros al año, mantiene casi 200.000 empleos y desempeña un papel clave en la conservación del entorno rural.
La caza, a menudo discutida en los debates públicos, demuestra ser una pieza esencial en la estructura económica, social y medioambiental de España. Así lo refleja el nuevo Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en España, elaborado por la consultora Deloitte para la Fundación Artemisan con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), presentado el pasado martes en Madrid.
Según los datos del informe, la actividad cinegética genera un impacto económico anual de 10.190 millones de euros en el Producto Interior Bruto nacional. A ello se suma la creación y mantenimiento de cerca de 199.000 empleos, de los cuales más de 45.600 son directos y el 80 % de estos se concentran en el ámbito rural. Este dato sitúa a la caza como un factor estratégico en la lucha contra la despoblación, ofreciendo oportunidades económicas en zonas que tradicionalmente sufren el éxodo de habitantes hacia áreas urbanas.
Además del impacto económico directo, la caza moviliza cada año más de 1.200 millones de euros en impuestos, una cifra nada desdeñable para las arcas públicas.
Un perfil del cazador comprometido
España cuenta con más de 577.000 cazadores activos, y en 2023 se registraron casi 892.000 licencias. El perfil del cazador es, en muchos casos, el de un habitante de pequeñas localidades —el 32,6 % reside en municipios con menos de 5.000 habitantes—, que encuentra en esta actividad una razón clave para seguir vinculado a su entorno.
El gasto medio anual de un cazador supera los 12.000 euros, especialmente en actividades de caza mayor, desplazamientos y alojamientos. Por su parte, un rehalero puede gastar hasta 14.500 euros al año, principalmente en el mantenimiento de los perros, vehículos y otras infraestructuras. Los titulares de cotos y organizadores de cacerías alcanzan cifras aún mayores, con gastos medios de 73.700 y 139.000 euros anuales, respectivamente.
Conservación activa y sostenibilidad
La caza no solo contribuye económicamente: también cumple una función ambiental crítica. En España existen 43 millones de hectáreas clasificadas como cotos de caza, lo que representa el 85 % del territorio nacional. Los cazadores y entidades del sector invierten anualmente 320 millones de euros en conservación del entorno, destacando tareas como siembras, aportes de agua y alimento, y desbroces.
Asimismo, muchas organizaciones cinegéticas participan activamente en programas de conservación de especies amenazadas. Más del 58 % de los titulares de cotos y el 67 % de los organizadores declaran albergar fauna protegida en sus terrenos. En paralelo, aproximadamente una tercera parte colabora en proyectos específicos de recuperación de biodiversidad.
Control de fauna y reducción de daños
Otra dimensión poco conocida pero fundamental de la caza es su papel en el control de poblaciones animales que, de no ser reguladas, pueden causar importantes daños a cultivos, infraestructuras y a la seguridad vial. En 2023, se registraron más de 35.000 accidentes de tráfico causados por fauna, de los cuales el 83,7 % fueron provocados por especies cinegéticas, principalmente jabalíes y corzos. El aumento de estos accidentes en 36 de las 43 provincias analizadas confirma la necesidad de un control poblacional efectivo.
Además, en 2023 se invirtieron más de 11 millones de euros en indemnizaciones por daños agrícolas provocados por animales salvajes, asumidos por titulares de cotos y organizadores de cacerías.
Un sector con voz propia
La presentación del estudio reunió a representantes institucionales y del sector cinegético en una mesa redonda que puso en común los retos y oportunidades del futuro. Intervinieron, entre otros, responsables del MAPA, de la Real Federación Española de Caza y del sector turístico y agroalimentario, subrayando el papel estratégico de la caza en el desarrollo rural y la sostenibilidad del medio.
El acto también contó con la asistencia de más de un centenar de representantes de administraciones públicas, asociaciones y entidades del mundo rural, reflejando el amplio respaldo que esta actividad sigue teniendo entre los agentes implicados en la gestión del territorio.
Conclusión
Lejos de ser una práctica residual o anacrónica, la caza se revela como una actividad clave para el equilibrio de los ecosistemas, la sostenibilidad del medio rural y la economía española. El nuevo estudio no solo cuantifica su impacto, sino que refuerza el argumento de que una gestión cinegética responsable y bien regulada es una herramienta indispensable para el futuro de nuestros territorios rurales y su biodiversidad.
